La presente licitación pública tiene como objetivo la contratación de un profesional en comunicación social para el diseño e implementación integral de un sistema de comunicación institucional para Mendoza Turismo. La modalidad de presentación de ofertas es electrónica a través del sistema Compr. ar. Los oferentes deberán estar inscriptos en el sistema electrónico de compras y en el registro único de proveedores. Se requiere la constitución de una garantía de oferta del 1% del valor total de la oferta y una garantía de adjudicación del 5% del valor total de la adjudicación. Los pagos se realizarán mensualmente dentro de los 30 días de otorgada la conformidad, previa presentación de factura digital. El plazo de ejecución del contrato es de 8 meses a partir de la notificación de la adjudicación. Las consultas técnicas se pueden realizar hasta el 18 de abril de 2026 a las 09:00 hs. El acto de apertura de ofertas será el 22 de abril de 2026 a las 09:00 hs.
La tarea debe comenzar a ser realizada a partir de la notificación de la adjudicación, y su culminación según se establece en el pliego de condiciones técnicas. El contrato tendrá vigencia a partir de la notificación de adjudicación y por el plazo estipulado de ocho 8 meses.
Los pagos se realizarán mensualmente, de acuerdo en un todo al decreto **** y sus modificatorias dentro de los 30 días de otorgada la conformidad respectiva. La facturación debe ser presentada digitalmente.
Los adjudicatarios constituirán una garantía de oferta por el 1% del valor total de la oferta y una garantía de adjudicación por el 5% del valor total de la adjudicación, mediante instrumentos autorizados.
La selección se realizará a favor de las ofertas más convenientes para satisfacer las necesidades públicas de la administración licitante, considerando aspectos formales, administrativos, técnicos y económicos, según la grilla de evaluación prevista en el anexo I.
Los oferentes deberán preinscribirse en el sistema electrónico de compras Compr. ar y estar inscriptos o instar su inscripción en el registro único de proveedores.
El contrato podrá ser objeto de rescisión por parte del estado en diversos casos de incumplimiento por parte de los adjudicatarios, sin derecho a reclamo de indemnización.
