El Ministerio Público Fiscal de Mendoza llama a contratación directa para el alquiler de uno o más inmuebles destinados a oficinas de administración pública. La presentación de ofertas será exclusivamente electrónica a través del sistema COMPR. AR. Se requiere inscripción en el Registro Único de Proveedores. La oferta económica se realizará en un solo renglón indicando el monto mensual o canon de alquiler, con ajustes cuatrimestrales según el índice ICL. Se deben presentar diversas certificaciones municipales y de libre deuda. Se exige una garantía de oferta del 1% del valor total. El contrato tendrá una duración de 36 meses, con posibilidad de prórroga. La facturación será mensual a mes vencido y el pago se realizará mediante transferencia bancaria dentro de los 30 días de otorgada la conformidad. Se detallan las causales de rescisión del contrato. Las consultas sobre el pliego deben realizarse a través del sistema COMPR. AR.
El plazo del contrato es de treinta y seis (36) meses, y la vigencia del contrato tendrá comienzo con la ocupación efectiva del inmueble.
El pago se realizará con recursos propios del Ministerio Público Fiscal, mediante transferencia bancaria, dentro de los 30 días de otorgada la conformidad respectiva. La facturación será mensual a mes vencido.
Se constituirá una garantía de oferta del 1% del valor total de la oferta y una garantía de adjudicación del 5% del valor total de la adjudicación, mediante instrumentos autorizados.
La selección se realizará a favor de las ofertas más convenientes para satisfacer las necesidades del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta aspectos formales, administrativos, técnicos y económicos.
Los oferentes deberán estar inscriptos en el sistema electrónico de compras COMPR. AR y en el Registro Único de Proveedores. Se requiere certificación municipal que acredite que el inmueble ofrecido se encuentra en zona de uso permitido para oficina de administración pública.
El incumplimiento en tiempo y forma ante el pedido de información complementaria podrá dar lugar a la exclusión de la propuesta. En caso de rescisión por incumplimiento, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
